Francisco Carranza Romero
Instituto de Estudios de Asia y América (Universidad Dankook, Corea del Sur)
Cuando los pobladores nativos
del Perú alzan su voz en
defensa de su espacio vital
(tierras, ríos, lagos, montañas y
vegetales) donde viven como
sus antepasados, algunas
personas e instituciones los
comprenden y apoyan; otras los
critican y condenan.
Para los
nativos la comunidad es su
madre, por eso la defienden
hasta con sus vidas. Madre y
ayllu (comunidad) sólo hay una.
Y, dentro de su comunidad los nativos saben diferenciar la propiedad
común (res publica) de la propiedad personal.
Las dignísimas autoridades, que residen cómodamente en sus
oficinas de la capital, viven la problemática urbana y hacen poco por
informarse de la realidad de las zonas rurales de la sierra y la selva
donde hay muchos recursos naturales. Pero, fascinados por las
ofertas económicas de las empresas extranjeras firman los contratos
para la exploración y explotación de las riquezas sin antes haber
dialogado ni informado bien a los nativos del lugar. Luego, cuando los
nativos protestan, les responden insultando: salvajes, incivilizados,
bárbaros e indios (vocablo despectivo usado por los europeos
colonizadores y sus descendientes); para amedrentarlos o callarlos, envían policías y militares armados. Sin embargo, hay pueblos que
resisten y defienden lo suyo.
Que los nativos difieran de los europeos en sus ropas o en su
preferencia de vivir casi desnudos, que se pinten y se adornen con
plumas, narigueras y ajorcas; que celebren sus propios ritos, y que
no hablen bien el castellano no son signos del salvajismo; ellos viven
según su clima, según sus creencias, según su realidad históricocultural
y según sus gustos. Viven como amazónicos, como andinos,
como peruanos y americanos. Viven según su realidad; por eso,
merecen el respeto. Las comunidades protestan porque ven las minas
abandonadas de Ticapampa (Áncash), La Oroya (Junín) y Cerro de Pasco (Pasco), por citar
tres, que contaminan el medio ambiente.
Las compañías mineras que explotaban esas minas ya no están
en el Perú y hasta han cambiado sus nombres (razón social dicen los
expertos en leyes). El gobierno que suscribió el contrato, tampoco
está vigente. Pueblos, ríos, pastizales y terrenos de cultivo
contaminados; nadie asume la responsabilidad.
La llegada de las empresas explotadoras de las riquezas
naturales no significa la llegada de la civilización como quieren hacer
creer los interesados en la inmediata firma y ejecución del contrato.
Los nativos no se han olvidado de los españoles cazadores de gente y
de los esclavizadores caucheros.
Las comunidades protestan porque los beneficios de la
explotación de las riquezas de su área territorial se van a la capital y
no vuelven para el desarrollo local. Por ejemplo, las carreteras de las
provincias ricas en minerales, gas y petróleo están desastrosas. El
poder central se beneficia de las riquezas y se convierte en el centro
del poder económico, cultural, laboral y de salud; descuida las
provincias. La capital absorbe la población rural.
Cuando los nativos amazónicos de Bagua (en selva amazónica del Perú) rechazaron el contrato
que el gobierno había firmado con las compañías extranjeras y
pidieron la reconsideración, las autoridades respondieron con
soberbia, con amenaza y con insultos en vez de promover el diálogo.
Los nativos extremaron su protesta tomando la carretera que es un
bien común. El enfrentamiento de los policías y los nativos de Bagua,
junio de 2009, y que dejó víctimas, es el drama del Perú y de
América Latina: imagen del gobierno y pueblo que no saben dialogar.
Al fin el gobierno desea dialogar y forma una comisión donde deben
estar presentes el Ministerio de la Mujer porque el asunto indígena y
del discapacitado están dentro de este ministerio, el Ministerio de la
Agricultura porque el área donde hay gas y petróleo es zona agrícola,
el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Medio Ambiente y el
Ministerio del Interior. Los nativos, ante numerosa e importante
comisión, estarán representados por sus líderes no denunciados ni
perseguidos; pero, por los antecedentes de cómo se arreglan los problemas, necesitan la compañía de los representantes de la iglesia
católica (una institución de más credibilidad que el gobierno) y de
organismos internacionales de defensa de los derechos de los
indígenas.
¿La comisión nombrada por el gobierno para dialogar con los
pobladores de Bagua está preparada para comprenderlos? Si va
dispuesta para convencer sólo con las promesas, dudo que tenga
éxito. Los enviados del gobierno no van a tener fácil credibilidad
porque representan al gobierno que antes se negó al diálogo.
Si los nativos valientes y amantes de sus pueblos bajaran la guardia
o fueran vencidos “civilizadamente” (encarcelados, tiroteados,
sobornados, engañados) por los emisarios de las empresas ávidas de
las riquezas, ¿quiénes defenderán esas tierras?
Cuando la selva del
Amazonas ya no tenga defensores, que los dioses no lo permitan, los
negociantes se repartirán las tierras; la selva de hoy se convertirá en tierra
árida y la Tierra habrá perdido el oxígeno vital. Entonces, los muy
listos empresarios aprovecharán la oportunidad para vender el
oxígeno a los que puedan pagar.
Ojalá que el desarrollo planificado y con compromiso nacional e
internacional ayude a desarrollar a los pueblos amazónicos y no
destruya nuestra importante biósfera. Ojalá que los líderes nativos no se vendan ni traicionen a sus
comunidades. Ojalá que las empresas extranjeras cumplan los acuerdos que firman como en sus países de origen.
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